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Preguntas frecuentes

Estas normas señalan que aplican para el sector oficial. Pueden usarse como referentes en ciertos asuntos relativos a la atención educativa para estudiantes con discapacidad, pero hay asuntos abordados que sólo aplican para los establecimientos educativos oficiales. Sin embargo, es fundamental tener claro que por encima de estas normas está el derecho a la educación, que aplica para todos los establecimientos educativos.

No existe norma alguna que permita a un establecimiento educativo excluir a sus alumnos de actividades o eventos que involucran a toda la comunidad educativa. En cambio, le compete promover la participación de sus estudiantes en las experiencias de aprendizaje conducentes a los valores, conocimientos, actitudes y competencias que interesa formar en ellos.

Resulta procedente en estos casos, dirigirse al rector(a), como representante del establecimiento ante las autoridades educativas, ejecutor de las decisiones del gobierno escolar y por ser quien preside el consejo directivo, solicitándole respetuosamente:

a. Restituir el derecho a la participación en las diferentes actividades escolares, permitiendo al estudiante el ingreso a estas. b. Asegurar que en el establecimiento educativo se generen las reflexiones y los acuerdos satisfactorios para las partes, en el marco de los valores institucionales y en aplicación de las libertades constitucionales. Estas reflexiones han de traducirse en los ajustes correspondientes al Manual de Convivencia y al Proyecto Educativo Institucional.

Si el establecimiento educativo desatiende los requerimientos, conforme a la normatividad vigente, la segunda instancia compete a la Secretaría de Educación Departamental, Oficina de Inspección y Vigilancia, ante quien ha de instaurarse la queja correspondiente.

La política de educación inclusiva del país invita a la transformación de sistema educativo para garantizar el derecho a la educación de todos, lo que implica que Colombia avance hacia instituciones educativas abiertas a la diversidad, como se expresa en la Constitución Política de 1991 y la normatividad educativa vigente. La Secretaría de Educación es la instancia responsable de organizar la oferta educativa para esta población, por lo que es allí donde poseen y suministran esa información.

Según el artículo 5 de la ley 1618 de 2013, "las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de conformidad con el artículo 30 literal c), de Ley 1346 de 2009".

El Ministerio de Educación Nacional brinda asistencia técnica a las secretarías de educación para que organicen la oferta, los programas y los servicios;ofrece orientaciones pedagógicas para la atención de estas poblaciones; apoya el mejoramiento de los ambientes de enseñanza a partir de la dotación de canastas didácticas y formación docente en didácticas flexibles a las instituciones educativas que reportan matrícula de estudiantes con discapacidad y que desarrollan su gestión escolar con enfoque inclusivo.